Es de público conocimiento que recientemente se ha promulgado la ley 27401 y su decreto reglamentario que establece la responsabilidad penal para la empresas que infrinjan la ley en temas tales como cohecho, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, balances falsos, etc. figura que hasta el presente no existían en nuestro país. Solo la personas físicas podían incurrir en este tipo de responsabilidades.

Frente al nuevo panorama nacional y con el objeto de cumplir con la normativa descripta, la empresa Roque Mocciola S.A ha comenzado a desarrollar un programa de integridad consistente en acciones, política de normas y procedimientos escritos  para regular, prevenir, detectar y corregir todo tipo de actividades que se desarrollen, también a través de la contratación de una consultora especializada.

Las acciones comprenden la formulación de un completo manual de procedimientos escritos al cual deberán ajustarse todas las actividades que desarrolle la empresa, para asegurar la transparencia, fluidez y eficiencia de las mismas. Implica también desarrollar un canal interno de la firma a través del cual se podrán canalizar las denuncias o inquietudes que surjan, y además llevar adelante una investigación que descubra los desvíos detectados y los responsables de los mismos.

También se contará con una asesor externo e independiente, al que se le dará intervención cuando la gravedad del hecho detectado o denunciado así lo amerite. La ley fija sanciones muy importantes, las cuales pueden ser pasibles de aplicación a la empresa, y además también se pueden aplicar suspensiones en la actividad desarrollada, que podrían resultar sumamente gravosas.

«Nuestra empresa desarrolla actividades de construcción tanto con comitentes privados como públicos, razón fundamental para tener desarrollada esta política, porque en breve será una exigencia ineludible para poder participar en concursos,  y licitaciones», afirmaron desde el directorio.